La
nacionalidad cubana como proceso histórico-formativo y el problema de las
identidades locales a la luz de los principales aportes y limitaciones que
sobre el mismo se ha presentado, es esencial para demostrar la existencia un
proceso de formación en torno a la política oficial por el Cabildo de Santa Clara
por más de un siglo, más que una limitación, constituye, en su desarrollo
dialéctico, un notable aporte al proceso de formación de la nacionalidad
cubana.
El tema siempre tendrá
recurrencia ante la proximidad de un nuevo aniversario del levantamiento en La Demajagua el 10 de
octubre de 1868, definitorio en el proceso de formación nacional cubano.
La Nacionalidad Cubana
como proceso histórico-formativo y el problema de las Identidades Locales.
La historiografía nacional, para los siglos
coloniales, concentra parte de los estudios en temas regionales y locales, pero
en ningún caso parte de la jurisdicción como antecedente, sino que se asienta,
cuanto más, en las identidades locales, lo cual no muestra todas las
posibilidades aportativas de los estudios e investigaciones que puedan
referirse al siglo XVIII. Esto puede observarse, sobre todo, en presencia de
hechos y acontecimientos que anteceden a las llamadas regiones históricas,
donde se absolutiza lo local en detrimento de una estructura político
administrativa de otra envergadura que tiene lugar en Cuba durante los primeros
siglos coloniales, la cual abarcó un espacio geográfico más allá del ámbito
inmediato a la localidad.
La
identidad, tiene sus raíces como proceso histórico formativo en el siglo XVI,
lo cual no es solo un atributo de la
Isla de Cuba,[1]
determinando “los primeros rasgos de una
personalidad colectiva”.[2]
El reconocimiento de que al proceso de formación nacional le resta mucho por
andar en materia de explicación teórica valida hasta dónde es necesario el
tratamiento de las identidades locales.[3]
No es menos cierto que las villas detentan la
jerarquía dentro de un espacio geopolítico, pero absolutizarlas es pasar
por alto
el componente social y económico que ha venido a ser la reiterada invocación
a las identidades locales. El hecho de que “la
plantación y la hacienda, en tanto formaciones distintas, propiciarán la
creación de sociedades distintas”[4]
es la tesis aquí asumida sobre el problemas de la identidades locales y las
jurisdiccionales en la
Historia de Cuba; dejando definido, por otra parte, el
problema de las identidades locales en una determinada jurisdicción, lo cual
constituye, a su vez, la principal causa de las diferencias entre el Occidente
cubano y la región Centro-Oriental. En estos marcos, parece claro que las
diferencias específicas (internas) de la macrorregión central no pueden
circunscribirse a contradicciones de tipo local, sino que son contradicciones enteramente adscriptas a
territorios enmarcados en jurisdicciones.
La
región central y oriental de la
Isla, por sus patrones económicos, engendró tipos
diferentes de economías hacia el siglo
XIX, por lo cual no pueden justificarse los estudios desde lo local sin tener
en cuenta la dimensión territorial y las propias diferencias y particularidades
que cada una de ellas encierra. Soslayar el tema de las identidades locales
resulta, entonces, inapropiado en un
proceso que parte desde ella, y que resulta altamente contribuyente al proceso
de formación nacional.
Eduardo
Torres Cuevas expresa tres etapas en el proceso de formación del pueblo cubano
y de la nación,[5] que de forma sintética se pueden atener a la
sociedad criolla (extendida desde la Conquista hasta 1763, que se corresponde con la
patria local como punto de partida de la nacionalidad), la sociedad esclavista
(1763-1840, correspondiendo a la plantación azucarera y los procesos
migratorios), y la sociedad capitalista y dependiente (1840-1929).
Si
la nacionalidad criolla surge históricamente antes de que exista una conciencia
de ella, resulta paradójico que no se haya tenido en consideración el
territorio (jurisdicción) y su identidad. De este modo, para la historiografía
tradicional cubana, el proceso formativo de la nacionalidad transita desde la
identidad local hasta llegar a la conformación regional, para luego proyectarse
en lo nacional, pasando por alto el escenario territorial.
Con
relación a la segunda etapa, debe destacarse que la plantación no llega a
concretarse como patrón económico en varias jurisdicciones del Centro y Oriente
de Cuba. La historiografía cubana ha acentuado más sus estudios sobre el
proceso de formación nacional cubano, asociado a la plantación, en el siglo
XIX, tomando solo como referente, del anterior, el auge plantacionista que
tiene lugar a partir de la década del noventa y lo que representó, dedicando
pocos espacios a los antecedentes de tal proceso.
Los
modelos económicos que se definen en la
Isla de Cuba -plantación esclavista y hacienda ganadera-
generaron posiciones distintas ante el dominio colonial español, en tanto ambos
fueron dependientes del capital comercial español. En esa relación establecida,
la élite de hacendados ganaderos resultó ser la más dependiente. Por ello, al
abordar el problema de la identidad local, ésta debe “ser vista siempre como identidad de la diferencia y no como la
supresión de lo diverso”.[6]
Sobre
todo en el siglo XVIII, las instituciones gubernativas en las jurisdicciones de
la colonia asumen la defensa de sus predios no a escala estrictamente local,
sino en la extensión territorial del término, a partir de su diversidad. Así lo
demuestra, al menos, el caso de Santa Clara. Con sus prerrogativas, los
Cabildos son gestores de una identidad local, asumiendo su defensa ante las
eventualidades y conflictos que se generan a lo largo de esta centuria.
Si
se asume que “la problemática identitaria
de índole sociocultural se relaciona estrechamente con el ser de una nación, de
una región o un continente”[7]
para el caso que nos ocupa, faltan suficientes elementos para poder determinar
la existencia de una identidad hacia el territorio en el siglo XVIII, pues la
historiografía no abordó los problemas antecedentes en el proceso de formación
nacional desde esa perspectiva, toda vez que el concepto asumido de región no
puede circunscribirse al análisis dado, al no estar conformada aquella en esa
centuria.
En
términos de la continuidad desde lo local, es vital “entender el proceso de
la reproducción de la identidad”,[8]
donde la jurisdicción-territorio- constituye el eslabón perdido para tratar los
antecedentes del proceso de formación nacional. Así, los factores de
diferenciación y semejanza para el siglo XVIII no pueden concebirse sólo desde
las identidades locales, debiendo ser enmarcados desde los predios
territoriales como espacio geopolítico más amplio.[9]
Al tratar la identidad
solamente desde el ámbito de la cultura,[10]
se omite el hecho de que, para los primeros siglos coloniales, la jurisdicción
constituye un espacio físico donde se conjugan también signos
histórico-culturales, que incluyen el nexo entre lo similar y lo diferente. Si
se asume que la identidad conduce al sentido de pertenencia (por lo orgánica y
compleja), que admite la unidad en su diversidad, se presenta, entonces, un
grupo de circunstancias que distinguen a personas y grupos humanos en un
término o espacio territorial más allá del ámbito local (identidades), las
cuales se encuentra bajo la autoridad de una institución administrativa más
extendida, donde consta, con creces, la identidad hacia el territorio.
Se puede señalar, que la historiografía cubana ha abordado el proceso
de formación nacional cubano en sus antecedentes desde las identidades locales (patrias)
y no en términos de los espacios extendidos, lo que impide la cabal comprensión
del proceso de formación nacional. El concepto de identidades locales, tal y
como defendemos, no puede
circunscribirse a una comunidad restringida a un espacio físico, obviando la
comunidad amplia, traducida en territorio, que sigue siendo omitida como
complejo socioeconómico y político estrechamente relacionado a las raíces de la
formación nacional desde el siglo XVIII.
El Cabildo de Santa Clara en el siglo XVIII: Identidad en
pos de la Nacionalidad Cubana.
El
surgimiento de la Villa
de Santa Clara a finales del siglo XVII, su aparición a través de un abrupto y
violento proceso de ruptura cuyos gestores fueron una parte de los sectores
criollos en la jurisdicción remediana, hicieron posible en el contexto colonial de la Isla de Cuba que apareciera una jurisdicción de nuevo
tipo, de rasgos definitivamente criollos que consolidan el proceso hacia la
nacionalidad cubana a través de un desarrollo muy particular, en definitiva una
villa criolla.
El liderazgo político asumido por la élite
territorial a través del Cabildo, deriva en una fuerte identidad hacia el nuevo
espacio, de defensa de los intereses del patriciado como condicionamiento para
la actuación independiente, de liberalidad, desobediencia y autonomía que
caracterizaron a este sector criollo en Santa Clara en el marco de las
relaciones establecidas con el poder
central en la Isla
y con la metrópoli, pero que en definitiva constituyen peldaños por los cuales
transita la sociedad criolla en el proceso de formación nacional, consolidando
la unidad como fenómeno de diferenciación
altamente trascendental en el siglo XVIII.
En
la correlación de poder establecida durante este siglo entre el poder central y
el Cabildo santaclareño no se vislumbran opciones favorables para el
patriciado. Las contradicciones de la élite territorial con los sectores más
pobres, por una parte, y con el poder central, por otra, se hacen frecuentes
hacia finales de la centuria. Este doble juego de contradicciones viene a
constituir un elemento importante en el proceso de formación nacional.
Una
vez constituido el Cabildo de Santa Clara en el año 1690, definió sus
prerrogativas ante el espacio que ocupaba. Sus objetivos fueron plenamente
satisfechos por la naciente cúpula territorial en el año 1696, a partir de lo cual tiene lugar el surgimiento
y posterior consolidación de la unidad territorial.
En
el año 1698, los regidores, no satisfechos con lo dispuesto por la Real Audiencia de
Santo Domingo en relación con la división territorial asumida por la Villa de San Juan de los
Remedios, y en un intento de hacer prevalecer sus intereses, encomiendan al
Fray Salvador Guillén del Castillo la misión de llevar hasta la propia silla
del Rey, las insatisfacciones por los
acuerdos que habían sido tomados con anterioridad; exponían:
“por cuya razón hallándose este Cabildo con litigio
pendiente contra los vecinos que inovedientes al Real mandato de S. M. no quisieron pasar á avecindarse á esta Villa
antes si se hicieron fuertes y procuraron comparecer por su apoderado ante la Real Chancillería
de dicha ciudad de Santo Domingo donde con siniestro informe ganaron cierto
despacho de Su Alteza para que se mantuviesen en dicho pueblo y que se les
creara justicia y regimiento, todo contra la Real Voluntad como
consta de la Real Cédula
á que nos remitimos y para que su alteza venga en conocimiento de la verdad y
justicia que nos asiste”.[11]
Como
puede notarse, la naciente élite asumía plena identificación con el territorio
asociado al centro económico y social recién constituido, y aspiraban a
despojar a los remedianos de sus derechos. Por ello, ante estas y otras
prerrogativas que asumía la institución, la Real Audiencia de Santo
Domingo, en una petición fiscal de 22 de enero de 1708 advertía que debía procederse “sin exceder ni ampliar jurisdicción en las
cosas que no deban”.[12]
En
1717, Juan Martín, Procurador General, expresaría lo perjudicial que era para la Jurisdicción la
ausencia de inspecciones dirigidas por los regidores del Cabildo,[13]
en clara defensa al espacio con el cual ya estaban identificados y que el
Cabildo estaba en la obligación de conservar. Esta misma situación volvería a
ser objeto de atención por el Procurador General Julián Hurtado de Mendoza en
el año 1721.[14]
La
concertación para la realización de un
Cabildo abierto a la altura del año 1746, con la participación de todos los
vecinos, y orientada por el Gobernador y Capitán General de la Isla, Juan F. de Guemes y
Horcasitas,[15]
viene determinada ante las constantes quejas y solicitudes del cuerpo capitular
por los abastos y contribuciones a la capital, que debían ser rigurosamente
cumplidos según lo reglamentaba el gobierno superior. En ello estaba implícito
el descontento y continua oposición de los regidores a las medidas de abastos
que las haciendas realizaban a otras jurisdicciones, sancionadas por el propio
Gobernador y Capitán General, lo cual constituía una pérdida, y era motivo de constantes querellas.
No
obstante los más perjudicados no eran los ricos hacendados ganaderos, sino
aquellos que vivían del sudor de su trabajo y que no tenían propiedades. Ellos
exponían “que el motivo de no adelantarse
más los vecinos es ser pobres y no tener esclavos, y gastar el mas del tiempo
en solicitar la mantención de su familias con los viajes de peones para dicha
ciudad de la Habana
y no tener formalidad de tener bueyes
por la suma pobreza de los mas de ellos y sugetarse solo a la azada para
labrar”.[16]
No
aparece en este Cabildo la voz alzada de los corraleros o hateros oponiéndose a
las medidas de abastos en la capital. Para ellos, resultaba más conveniente
vender internamente. Los principales problemas de oposición al abasto de
carnicería, también vendrían determinados por los precios fijos establecidos
por el Cabildo, los cuales eran constantemente burlados, hecho que, por lo
general, reportaba graves perjuicios a los vecinos de la Villa. No se puede pasar
por alto que, en la mayoría de las ocasiones, los propios regidores
participaban de esta artimaña.[17]
Tiene
particular significación, en la conformación de la identidad, la realización de
Cabildos abiertos, en tanto son tratados asuntos que afectan a una amplia comunidad en el territorio que, a su vez,
en la medida de los intereses del
patriciado, canalizan las preocupaciones de los vecinos, quedando representados
siempre y cuando no lesionen los intereses de aquellos.[18]
Los
constantes recortes para el abasto en la Villa de Santa Clara, a costa de realizarlo en la Habana, crean una situación
difícil para el año 1748,[19]
y para el cuerpo capitular de forma particular, el cual no encuentran la debida
solución al problema; a no ser los constantes reclamos que realizan ante el
Gobernador y Capitán General de la
Isla. Éstos, concentrados en los problemas de la capital,
espoleaban indiscriminadamente a la Jurisdicción.
Ante
tales posiciones, Julián Hurtado de Mendoza, Procurador General, expresaba en
la sesión del 9 febrero: “es notorio que sí se matan dos ö tres reses
pasa la voz de abasto, estos se reparten con los magistrados y poderosos de la Villa quedando los pobres
faltos ya de la paciencia en ver lo poco en que se les atiende aclamando el
verdadero remedio de lo que se dimana el justo castigo”.[20]
La referida intervención no solo trataba los problemas relacionados con los
abastos de carnes, sino también de otros géneros comestibles, donde la
situación que se presentaba era similar. En esta ocasión el Procurador General,
había ido más lejos que sus antecesores, exigía justicia y castigo para los
poderosos, ya enrumbados en una sola
corriente de alianza alrededor del
cuerpo capitular.
Los
males estaban en la modorra, ineptitud, descrédito y falta de apego de los
regidores a la solución de los problemas de la jurisdicción. No era la primera
ocasión que al Procurador General
representaba los reclamos populares ante el cuerpo administrativo. Sus
denuncias anteriores así lo atestiguan, modelando la base de la unidad e
identidad, a la vez que incrementaba el hálito contradictorio con las
autoridades coloniales.
En
el Cabildo extraordinario del 7 de septiembre de 1761,[21]
fue presentado el Auto de Juan del Prado
Portocarrero, Gobernador y Capitán General de la Isla, donde dictaminaba las
sentencias que imponía por las heridas que había recibido el cabo de
Granaderos, José Díaz, en misión de servicio en la Villa, cuando andaba tras la
búsqueda de dos desertores de las Milicias. El hecho adquiere notoriedad, pues el
Gobernador y Capitán General culpaba a los vecinos de la Villa de no haber prestado
auxilio al cabo agredido, “contribuyendo
también á la fuga que ejecutó Juan de Reyna, desertor”.[22]
Un espíritu colectivo envuelve los acontecimientos,
la criollidad en proceso de consolidación demostraba no ser lisonjera con los
integrantes de los Batallones de Milicias. La actuación colectiva dejaba mucho
que desear, con abierta oposición al orden establecido. Se calificaba de “grave omisión” la actuación por parte de
los regidores, y exponía un grupo de medidas de obligatorio cumplimiento para
la institución administrativa, donde les recordaba el sagrado deber con la madre patria que, de no cumplirse, llevaría a
la aplicación de las penas correspondientes.
Allí
estaban claramente marcadas las diferencias que
ya se habían establecido entre peninsulares y criollos, que la Isla era una colonia, y
España la metrópoli. La realización del Cabido extraordinario define por sí
mismo la identidad del grupo social en la Jurisdicción, pues “la identidad misma empieza a producirse
cuando los propios individuos se conocen entre sí como idénticos por un sinnúmero de factores,
intereses económicos, políticos, ideologías compartidas, proximidades geográficas”.[23]
No
obstante, en el orden político, el Cabildo de Santa Clara, con su política
oficial, asumirá la defensa de la metrópoli, en todo caso contribuyente a la
identidad, y esto ocurre justo en un período en el que el resto de las regiones
insulares se destaca por ir desarrollando más entendimientos con el poder
administrativo de la Isla
y agudiza -ligera pero sostenidamente- una mayor incomprensión hacia las trabas
impuestas por la lejana corona española. Vale aclarar que, en aquellos casos
donde se observa una oposición notable a ambas entidades, el entendimiento se
produce antes con la primera que con la segunda, lo cual, igualmente, sucede de
modo justamente inverso en Santa Clara.
La
unidad de criterio alcanzada por el Cabildo santaclareño al respecto constituye
una fortaleza ante la presencia extranjera, que se verá patentada, como el
resto de los elementos que arriba se definen, hacia 1762. Incluso ante la
pasividad física de otras regiones (incluso la propia urbe habanera) durante la
ocupación inglesa, destaca la combatividad deliberadamente declarada y
practicada hacia el rey de España, sin importar que se trate de la presencia
del ejército que representa a la primera potencia mundial, y que se carece en
esos momentos de una autoridad hispana en la Isla. Tómese en cuenta, al respecto,
que el Cabildo asume una posición de defensa no solo de la Jurisdicción, sino de
otras partes de la Isla,
incluida La Habana.
Como
prueban las sesiones de las Actas Capitulares del Cabildo de Santa Clara
durante los meses de agosto-septiembre y octubre de ese año, el grupo de poder
actuó en el orden político por propia inspiración. Sus decisiones no estaban en
ningún caso orientadas por el gobierno central, y mucho menos por la metrópoli,
constituyendo una relevante muestra del camino transitado en defensa del
terruño concebido bajo noción de una patria más que local, que solo a partir de
la comprensión territorial de la mentalidad colectiva puede ser comprendida.
Los
acontecimientos que entonces tuvieron lugar afianzaron el sentido de pertenencia
hacia a expensa de la pérdida de sus vidas y propiedades. Las medidas de
respuesta al ocupante vienen a probar cómo el territorio se hallaba en
capacidad de hacer suyos los intereses generales de conservación de la
Isla, y por mantener
las relaciones establecidas con la metrópoli española. Indudablemente,
al abordar los acontecimientos en la geografía de la macrorregión central, no
se puede encontrar una actitud tan efectiva ni dispuesta como la que se
protagonizó en Santa Clara, de resistencia a ultranza ante el ocupante
extranjero.
Se
constituye así un polo de poder alternativo al central en medio de
circunstancias y acontecimientos históricos trascendentales, no solo para Cuba,
sino para el propio equilibrio de fuerzas en el escenario europeo y americano
donde se desenvuelve y transcurre el mundo colonial español. La defensa de la
unidad más allá de sus predios refuerza
los lazos de identidad de la sociedad criolla y su élite, que encuentra apoyo
al respecto en el resto de los habitantes de la Jurisdicción. Esto
constituye una demostración consciente de defensa a la vez de toma de
conciencia de sí que también se produce en otras regiones, pero no bajo los
mismos principios, circunstancias y posturas.
Siendo
el capital comercial español “el
principal agente y base social del aparato colonial en sus posesiones americanas”[24]
y hallándose desvinculado de la plantación, predomina en Santa Clara el patrón
hacendatario comunero como agente que, además, propicia singulares diferencias
de la élite interna con su homóloga asociada al poder centra, de lo cual
participa también el pueblo llano, determinando rasgos peculiares aportativos
al proceso de formación nacional, mucho más visibles hacia la segunda mitad del
siglo XVIII. En la medida que la élite territorial nucleada alrededor del
Cabildo se embarcó en una desenfrenada carrera por incrementar la renta y la
propiedad territorial para fomentar el patrimonio sobre la base de la hacienda
comunera, contribuyó a profundizar tales discrepancias.
El auge plantacionista de finales del siglo
XVIII refuerza el papel hegemónico de la élite criolla azucarera en torno al
poder central en toda Cuba. Esta contradicción será la que en última instancia
definirá los rasgos distintivos en la élite santaclareña, lo cual trascenderá
al siglo XIX con aires de convergencia política ante las distintas alternativas
que se van desarrollando, sobre todo a través del independentismo durante las
gestas anticoloniales, en medio de cuyo decurso comulgarán un nivel de
radicalismo admirable y, a la vez, un regionalismo notable.
Desde
mucho antes, la élite territorial santaclareña extiende sus propiedades en el
siglo XVIII, como se aprecia en el registro de la sesión que tuvo lugar el 22
de julio de 1757 en el Cabildo de la
Villa de Trinidad, dentro del cual se expresa que a Hilario
del Águila, vecino de la Villa
de Santa Clara, se le concedió licencia para “poblar de ganado mayor el sitio Santa Sabina que se halla totalmente
yermo, q. p. ello hizo presentación de los instrumentos de propiedad que se
tiene”.[25]
Esta licencia se hizo efectiva en la sesión del 15 de diciembre del mismo año.
Antes, Manuel de Consuegra había comprado parte del hato de Jumento en la Jurisdicción de
Sancti Spíritus.[26]
Esto viene a verificar que la élite estudiada en el centro de la Isla adopta, en determinados
momentos, asumen ideas pluricentristas (sugerentemente
expresado por el Dr. Hernán Vegas) lo cual resulta distintivo desde el
principio. Tales intereses estaban diseminados por toda la macro región
central, pero se evidencian más claramente en Santa Clara.
Aunque
no es propósito aquí analizar la hacienda comunera, se precisa abordar cómo las contradicciones que desde
esta institución se produjeron forman parte de los procesos que fomentan una
concepción territorial entendida dentro de un asumido conglomerado insular. La Real Cédula de 1729
derogó el derecho a otorgar mercedes de
tierras por los Cabildos, pero en Santa Clara esto se viola abiertamente.
El
problema en torno a la propiedad, posesión y transmisión de la tierra se
acentúa, determinando, en cuanto al disfrute de la tierra comunal, distintas
posiciones, según los distintos tipos de
particioneros: Por una parte, están los comuneros que no poseían tierras
ni disfrutaban de ninguno de los productos de la finca, por no tener terrenos
ni utilizar los dedicados a la comunidad. Por otra parte, están los comuneros
que solo gozaban de una parte de la hacienda, sin tener establecimiento en
ella. Luego, se hallaban los que disfrutaban de
la tierra común y tenían un establecimiento en la hacienda, sin
limitación alguna.
Aún
así, llama la atención que existan terrenos sueltos del disfrute de los
condueños y a la vez tierras comunes que sólo eran disfrutadas por sus
tenedores. Véase la existencia de alternativas que, luego, explica la unidad
del Cabildo a pesar de las contradicciones, lo cual niega por completo la idea
de que solo comunidad de ventajas propicia en los propietarios comunidad de
posturas.
Constituirá
la hacienda comunera un patrón de economía contradictorio con la plantación
esclavista, cuyas raíces están en la gran propiedad. El predominio de aquella
conducirá en Santa Clara a posiciones siempre reticentes de la élite ante el
empuje centralizador de la corona, pero dirigidos contra la primera y no contra
la segunda. Así, el Cabildo será el eje central en la conformación,
articulación y consolidación de la identidad,[27]
constituyéndose en el marco de las contradicciones como determinaciones
históricamente condicionadas.
Esto
se asume de modo colectivo a pesar de las profundas diferencias sociales, sobre
todo hacia la segunda mitad del siglo, y
marca un notable precedente para el proceso de formación nacional, por la
defensa del sistema económico de la Jurisdicción, y -con ello- de su identidad; pero
ésta, al no oponerse directamente al poder monárquico (aún cuando lo burla), a
la vez acentúa la asunción de una distribución administrativa donde Santa Clara
no es el centro del mundo colonial, pero existe gracias a él. Bajo la misma
razón, pero con diferentes interpretaciones de las circunstancias, el
territorio necesitará ser independiente un siglo más tarde, y, cuando requiera
ver de una vez a España como el enemigo, ésta no lo será del territorio
específico, sino de todo el conglomerado dentro y gracias al cual guarda su
identidad.
También
en el orden económico, tienen particular significación, dentro del año 1769,[28]
las medidas adoptadas por el cuerpo capitular en el mes de enero, destinadas a
tratar de dar solución a los graves problemas económicos y sociales acumulados
en la Villa y
su Jurisdicción. Las mismas llevan a utilizar las tierras de los ejidos para el
cultivo, debido a la ausencia de productos básicos esenciales para la
alimentación de la población. La retención de producciones como trigo, queso,
leche, etcétera, tendrán como finalidad paliar
la situación existente. Sobre ese particular, en la sesión del 7 de
enero, Valentín de Moya, Síndico Procurador General, expondría:
“Que se está sacando un gran número de
trigo de esta Villa para otros lugares en diversas árrias, demando que si no se
pone contención á esto padecerá esta Villa la falta total de pan, por lo que
pide se sirvan Sus mercedes proveher; á lo que digeron que desde luego debian
de mandar y mandaron se ponga ésta á que no se saque el trigo por ser
conveniente no se defraude á este vecindario el abasto, y al que quebrantare
este precepto que pierda el trigo”.[29]
Como en anteriores y posteriores ocasiones, los
comerciantes y revendedores sacaban las mejores partes de las necesidades y
desventuras económicas de la
Jurisdicción. El negocio ilícito de saca y
venta de los trigos y otros productos fuera de los límites, le reportaba
mayores beneficios, mientras que el Cabildo establecía precios fijos para el abasto, lo cual no era del agrado de los
comerciantes. Con relación al mercado interno, siempre fue atribución de los
cabildos dictaminar para el espacio bajo su control. En el de Santa Clara, sin
embargo, la comunidad, en su sentido más amplio, se identificó con dicha
gobernativa como en ningún otro sitio. Aquí se acentúan las fricciones con
otras jurisdicciones, lo cual se hizo presente en la sesión del 5 de diciembre
de 1777, cuando Bernabé de Veitía, Síndico Procurador General, expuso:
“El gravamen que sufre esta República con la usurpación que
se le ha hecho por la ciudad de Trinidad de las Haciendas Biafara y Lomas del
Potrerillo; la de San Juan de los Remedios el sitio Las Nueces fundado entre
Suazo y Baez intercedado por este Cabildo contribuyendo al abasto de estas
haciendas, las dos primeras en la ciudad de Trinidad y la última en la referida
Villa de San Juan de los Remedios”. [30]
Los
esfuerzos de los regidores se encaminaron a recuperar para la jurisdicción las haciendas, incluida la Santa Rosa, que
contribuía al abasto en La Habana. Con ese fin,
establecieron reclamación ante el gobierno superior. El cuerpo de regidores
hace oposición, en 1781, ante aquel por la adjudicación de 17 haciendas que
pertenecían a esta Jurisdicción entregadas a las Villas de Trinidad, San Juan
de los Remedios y La Habana,
lo cual lesiona los intereses del Cabildo y motiva constantes reajustes en las
ruedas de abasto. El Síndico Procurador General dio a conocer “la
miseria en que labora este vecindario por la falta de abasto de carniceria á
causa de habersele quitado á esta jurisdiccion de diez y siete haciendas que se
han agregado á la ciudad de la
Habana, á la de
Trinidad y villa de San Juan de los Remedios”.[31]
Aún cuando la élite enarbola sus propios intereses, defiende el espacio j con el
cual está plenamente identificado.
Todos estos elementos confirman, más allá de la ya
tratada existencia de la identidad del
Cabildo, un espíritu de resistencia que, si bien podría relacionarse
superficialmente con el regionalismo y el caudillismo que durante la primera
parte del proceso independentista de las últimas décadas del siglo XIX se
presenta, genera más bien antecedentes ampliamente compartidos dentro de varios
sectores sociales dentro de un mismo territorio que responden a principios
definitorios de la nacionalidad cubana en general, aún cuando se configuren
desde la defensa de lo local.
El hecho de que tanta liberalidad se ejerza dentro de
los marcos oficialmente establecidos por la corona, hace que exista una fe
compartida en su atención, que, una vez perdida totalmente a efecto de los
habitantes del Cabildo, es revertida, en el siglo siguiente, en la oposición
abierta a lo que tanto se respetó pero con variantes de evasión acentuadas. En
efecto, desde sus inicios, el Cabildo fue contribuyente en la formación y
consolidación de una identidad que será
depositaria del proceso de formación nacional, siendo el resultado del
desarrollo de las contradicciones que se dirimen dentro del marco institucional
(Cabildo-poder central) y de las relaciones entre los grupos de poder y el
resto de los habitantes.
[1] “La J. Ibarra. Patria,
Etnia y Nación, “La convivencia en un territorio común, la solidaridad
forjada entre los diversos grupos étnicos de la isla, en lucha contra las
incursiones de corsarios y piratas, por una parte, y los beneficios comunes
derivados del comercio clandestino, por otra, contribuyeron a crear los
primeros vínculos de identidad en las precarias comunidades de las Antillas
hispánicas.” Pág. 111.
[2] Ob. Cit.
[3] E. Torres-Cuevas. En Busca de la
cubanidad. Tomo I. pp. 84-85: “las
visitas pastorales de los obispos y los informes de los funcionarios reales,
permitirán reconstruir la historia de la comunidad criolla en la Isla en su proceso
formativo”.
[4] J. Ibarra. Marx y los Historiadores ante la Hacienda y la Plantación Esclavista,
p, 80.
[5] E. Torre-Cuevas. En Busca de la Cubanidad. Tomo
I. Debates Americanos. La
Habana (1-2-17); enero-junio 1995. (2): 3-11; julio-diciembre
DE 1966. (3): 3-10; enero-junio 1977. Otros en “Cuba: el Sueño de lo Posible”.
Contracorriente; La Habana
2 (6): 8-20; noviembre-diciembre 1966 y “Patria, Pueblo y Revolución: conceptos bases para la historia y la cultura en Cuba”. En
“Nuestra Común Historia; Poblamiento y Nacionalidad; La habana. Editorial de
Ciencias Sociales; 1993, pp 1-12.
[6] J. Santana. Utopía, Identidad e
Integración en el Pensamiento Latinoamericano y Cubano, p, 204.
[7] Ob. Cit. p, 29.
[8] I. Monal. Identidad: Entre Inercia
y Dinámica. El acecho de la Razón
Identataria. Pura. Guadarrma; C. Suárez Pura. Filosofía y
Sociedad. Tomo II 548.
[9] Según Graciela Pogolotti “La
identidad, en primera instancia, es la identidad del hombre que se reconoce en
su conjunto más inmediato, pero en tercer lugar, es la identidad del hombre que
se conoce en una comunidad amplia”. “La identidad cultural es un proceso
abierto al cual el propio devenir histórico en el que estamos inmersos va
añadiendo progresivamente nuevos y enriquecedores elementos. Delgado Torres.
Alisa N. El discurso filosófico y la identidad. P. Guadarrama; Carmen Suárez.
Filosofía y Sociedad. Tomo II, p, 532.
[10] Nora Araujo: “La identidad cultural
podría definirse, entonces, como el conjunto de signos histórico-culturales que
determinaron la especificad de la región y, con ello, la posibilidad de su
reconocimiento en una relación con la comprensión del nexo entre lo igual y lo
diferente”. Delgado Torres. Alisa N. El Discurso filosófico y la Identidad. P.
Guadarrma; C. Suárez. Filosofía y Sociedad.Tomo II, p, 532.
[13] “habrá tiempo de cuatro años que la
jurisdicción de esta Villa no se visita por cuya razón está pediendo la
jurisdicción”. Obp. Cit. Folio 340.
[14]
Acta Capitular. Tomo II. Folio 453
[15]
Anexo 14. p. LXX.
[16]
Ob. Cit. Tomo III. Folio: 1241.
[17] Anexo 14. Ver las rebajas de la
pesa en las sesiones del Cabildo durante el siglo XVIII.
[18] Ob. Cit. Ver Cabildos
extraordinarios realizados en el siglo XVIII.
[19]
Ob. Cit. p. LXXIII.
[20]
Acta Capitular. Tomo III. Folio 1313. AHPVC.
[22] Acta Capitular. Tomo IV. Folio
2162. AHPVC.
[23] A. Delgado. El Discurso Filosófico
y la Identidad. P.
Guadarrma, C. Suárez. Filosofía y Sociedad, p, 539.
[24] J. Ibarra. Marx y los Historiadores
ante la Plantación Esclavista,
p,
[25] Fondo Ayuntamiento. Actas
Capitulares. Trinidad. Tomo 1757-1762. Original manuscrito.
[26] En 1735 la Señora Teresa Ordoñez de la Mancha, estableció la venta
oficial de $ 4,000,00 parte y posesión de tierras en el hato de Jumento con
todo el ganado, fábricas y labranzas; la
venta total $ 2,000,00 fueron al contado y la restante a plazo.
[27] “La identidad es un resultado
necesario del desarrollo de las relaciones sociales-institucionalizadas-que
resultan del carácter socialmente condicionante de las relaciones clasistas”.A.
Delgado. El Discurso Filosófico y la Identidad. P. Guadarrama, C. Suárez. Filosofía y
Sociedad, p, 49.
[28] Acta Capitular. Tomo VI. Folios
2824-2829. AHPVC.
[29] Ob. Cit. Folios 2845-2846. Copia
manuscrita.
[30] Acta Capitular. Tomo VII. Folios:
3529-3530. Copia manuscrita. AHPVC.
[31] Ob. Cit. Folio 3794.
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